Fundación Aurora Intermitente
Sábado, 18 de agosto de 2018|

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¡Despertad!

Asesinatos y desapariciones en masa, secuestro de menores, violaciones, torturas, reclusión en campos de concentración, pillaje, destierro, despojo del empleo y robo de sus tierras y empresas, trabajos forzosos en condiciones de esclavitud… La memoria de miles de personas víctimas del mayor genocidio cometido por las organizaciones fascistas en Europa contra su propio pueblo es persistentemente ultrajada desde numerosos medios de comunicación, tribunales de justicia u organizaciones políticas confabulados para impedir cualquier investigación sobre los crímenes de la dictadura franquista y de los golpistas que provocaron la guerra civil.

No resta lugar a la demostración de sus crímenes: las exhumaciones, los archivos militares y registros de su falaz administración judicial dan sobrada fe de ello. La conciencia colectiva de lo que fue, la denuncia, el desprecio hacia los criminales y el reconocimiento hacia sus víctimas debería estar presente en todos los ámbitos como lo está en todas las sociedades europeas victimas del fascismo o de salvadoras ideologías autoritarias.

Sin embargo, los libros de estudio pasan por alto la mayoría de estas atrocidades reconociendo escasamente la ilegitimidad del golpe y de la dictadura. Nuestras calles, nuestras plazas, nuestros edificios, carecen de nombres y memoriales dedicados a glosar la vida de quienes por rechazarlo sufrieron ese horror. Las medidas de reconocimiento adoptadas por las diferentes administraciones públicas, las leyes que hacen referencia a la restitución de bienes o a la memoria son aprobadas siempre tarde, son timoratas, insuficientes. Surgen como último recurso, cuando su silencio no puede resistir más la presión moral de las Asociaciones de Memoria, dejando siempre aspectos esenciales por atender, como cuidando no molestar, no incomodar a vástagos de la dictadura mudados ahora en los únicos demócratas.

La ley de la Memoria Histórica no anula todos los juicios del franquismo ni obliga las exhumaciones de cadáveres: relega esas competencias a otras administraciones y, al comprometer la tutela judicial, queda en su mano decidirla o no. Pero en ningún momento plantea un reconocimiento público de los perseguidos ni el juicio político de los criminales calificando públicamente, en los múltiples parlamentos que pueblan la geografía española, sus crímenes como “crímenes contra la humanidad”.

Las diferentes medidas de reconocimiento de las víctimas se circunscriben, la mayor parte de las ocasiones, a meras indemnizaciones monetarias que, si bien son de justicia, aun así nunca llegan a cubrir sus pérdidas económicas, y son insuficientes al no acompañarse de acuerdos parlamentarios de denuncia de los criminales y aprecio hacia las víctimas.

Ocurre así con las mujeres andaluzas torturadas, violadas y vejadas rapándoles la cabeza y paseándolas desnudas por las calles de sus pueblos, cuyo sufrimiento ha desvelado la Asociación Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT. A las pocas que todavía viven, la Junta les entrega 1800 euros, que alguna de ellas ha rechazado aceptar. No es dinero lo que quieren, y menos esas migajas: quieren verse reconocidas públicamente como antes así fueron vilipendiadas.

Sólo el miedo y el remordimiento de los políticos, jueces y el conjunto de la sociedad explican este timorato proceder. La represión física, política y moral se ejerció desde el golpe de estado de 1936 contra la mayoría de la sociedad en un régimen de terror. Más del 90% de la población que conoció el franquismo sabe de alguien de su familia víctima de una agresión física o moral por no apoyar al régimen o compartir sus normas de conducta. Quienes nacieron en los albores o con posterioridad a la dictadura no tendrían más que preguntar a sus mayores para identificar a familiares perseguidos. No son cifras exageradas, tomando conciencia de que los golpistas representaban a colectivos marginales de la sociedad española (ligados sólo a la iglesia y a una burguesía entonces minoritaria) y que como tales fueron vistos por el conjunto de la población. Un apoyo mayoritario no hubiera frenado durante tres años su intento, que contaba con el apoyo de todos los ejércitos fascistas.

¿Cómo es posible entonces que nuestras comunidades sean las únicas de Europa que no han condenado públicamente al fascismo y honrado a los primeros que a él se opusieron en todo el continente? El miedo, el terror, el pánico que se ha ido apoderando del conjunto de la población, siguiendo una estrategia bien planificada que el fascismo y los autoritarismos populistas han venido utilizando desde su inicio y que sigue tan enraizado que forma parte del acervo de nuestra sociedad.

Estrategia que los vástagos del fascismo siguen aplicando abriendo procesos al único juez que se atrevió a recurrir a la justicia universal para la denuncia de los crímenes. Aunque en nada concluya este proceso, sirve como advertencia para la actuación de los jueces territoriales ante las exhumaciones. De esta forma se vuelve a bloquear el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo. Pero ha llegado la hora de terminar con el terror fascista ante el recuerdo del pasado. Ha llegado ya la hora de despertar el orgullo de la sociedad hacia aquellas personas que supieron oponerse y enfrentarse a unos criminales que terminarían por transformar toda Europa en un cementerio. Es hora de jactarse ante los criminales de quienes no les tuvieron miedo y se les enfrentaron con su razón y su palabra.

No fueron víctimas, sino héroes cuyo ejemplo debe trasladarse a nuestras escuelas, avenidas, parques y hospitales que esos hombres y mujeres soñaron para todos.

Sus sueños han de servirnos para aterrorizar a quienes tratan de impedir su memoria, haciéndoles ver que en nada necesitamos de su justicia ni de sus parlamentos para honrar a quienes sufrieron la opresión de la dictadura. Hemos de llevar uno a uno, una a una, en grupos creados solo para ello, el recuerdo y su memoria a todo lugar. Ha de resonar la conversación sobre los crímenes del fascismo en los centros comerciales, en los estadios, en las aulas universitarias, en las fábricas, en los talleres, en las oficinas, en los ambulatorios y, cómo no, en los juzgados, pues quienes allí trabajan son sobre todo sus empleados, sus profesionales. Investigar nuestro propio pasado y contárselo a quienes nos rodean.

Hemos de conseguir mediante la acción individual y colectiva que el reconocimiento de las primeras personas que en Europa se enfrentaron al fascismo sea una necesidad vital de toda nuestra sociedad, repitiendo por doquier su recuerdo hasta que las calles se llenen de voces que sólo pronuncien sus nombres, las ventanas de luces que iluminen su memoria, obligando así a los parlamentos a condenar y repudiar el golpe de estado y el franquismo, anulando todas las decisiones adoptadas por sus tribunales. De los políticos no queremos ya más palabras de consuelo a las víctimas: lo único que de verdad pueden hacer para no quedar relegados como cobardes ante la historia es reconocerles como héroes a partir de la condena y denuncia, sin paliativos, del genocidio franquista y, nominalmente, de cada uno de sus promotores.