Miércoles, 18 de octubre de 2017|

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El sumario de ocho años ha demostrado que no se debía clausurar Egunkaria

El martes 16 de diciembre comenzó en la Audiencia Nacional española el juicio contra cinco representantes del periódico Euskaldunon Egunkaria, clausurado en febrero de 2003 bajo la acusación de una supuesta relación financiera del diario con ETA. Como en la investigación previa al cierre no encontraron pruebas para vincularlo a ETA, lo cerraron para encontrarlas.

El juicio se ha iniciado con la sola petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y de Dignidad y Justicia, ya que también el fiscal ha solicitado el sobreseimiento del caso. Por ello, durante los dos primeros días de juicio éste se ha negado a formular pregunta alguna a los acusados. El sábado 19 se llevó a cabo una manifestación en Bilbao (Vizcaya) en solidaridad con ellos, cuyo masivo seguimiento la ha convertido en la más concurrida acción de protesta realizada durante los últimos años en el País Vasco. Este artículo, empero, se publicó una semana antes del comienzo del juicio.

Hace seis años y diez meses que clausuraron Euskaldunon Egunkaria, pero hay que remontarse ocho años atrás para encontrar el origen del caso contra el diario en euskera. El 6 de junio de 2001 llegó a las manos del juez de la Audiencia Nacional española Juan del Olmo un informe sobre más de veinte empresas del ámbito del euskera. Era un informe del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) y tenía como objeto las supuestas relaciones entre esas empresas y ETA: concretamente si esas empresas recibían dinero de ETA o si eran utilizadas para blanquear dinero de ésta.

A partir de ese informe, del Olmo ordenó medidas excepcionales contra muchas personas de esas empresas o relacionadas con ellas: inspecciones de cuentas corrientes, escuchas telefónicas, obtención de datos de la Seguridad Social y Hacienda, etc. Todo ello en silencio, evidentemente, puesto que las tareas se realizaban totalmente en secreto.

Hicieron una investigación exhaustiva sobre todas las empresas. Las primeras 10.000 páginas del sumario son sobre la investigación de aquella época. Pero no encontraron lo que buscaban: no detectaron relaciones financieras entre ETA y esas empresas, no demostraron que nadie recibiera ni blanqueara ni una sola peseta de ETA. Entonces, los investigadores del SIGC tomaron otro camino: sacaron de un cajón algunos viejos documentos incautados entre 1990 y 1993 a supuestos miembros de ETA, los desempolvaron y centraron su atención en una sola de entre todas las empresas que habían estado investigando: Egunkaria SA, la editora de Egunkaria.

Los documentos eran conocidos. La prensa dio noticia de ellos en la década de 1990. En esencia, demostraban que su anónimo autor tenía información sobre asuntos varios de Egunkaria y mostraba interés por sus vaivenes. Entre otras cosas, citaba a posibles candidatos a la dirección de Egunkaria y, en algunos casos, opinaba sobre ellos. Según la Policía, esos papeles eran de KAS y de ETA.

Esos documentos tuvieron eco en los medios de comunicación en su época e incluso provocaron debate político, también en el Parlamento vasco, pero no tuvieron consecuencias jurídicas. Es sabido que el propio juez Baltasar Garzón los examinó, pero no vio base para imputar a nadie. Muchos años después, empero, cuando esos mismos documentos llegaron a otro despacho de la Audiencia Nacional, otro juez, del Olmo, decidió, a impulso del SIGC, que había base, además de para abrir un sumario, para clausurar un diario. Esos viejos papeles, nada más tenían del Olmo y la Guardia Civil cuando cerraron definitivamente Egunkaria el 20 de febrero de 2003.

En búsqueda de vínculo

En la investigación previa a la clausura de Egunkaria no detectaron ni un solo indicio que acreditara el supuesto vínculo entre ETA y el diario, pero esta vez tomaron el camino inverso: en lugar de cerrarlo porque habían encontrado pruebas, lo clausuraron para poder encontrarlas y, junto con el cierre, adoptaron todas las medidas excepcionales.

En la operación del 20 de febrero detuvieron e incomunicaron a diez personas; la Guardia Civil las interrogó durante cinco días en régimen de incomunicación y, en la mayoría de los casos, las torturó duramente, tomó declaración a todas y, después de declarar ante el juez, en régimen de incomunicación, registró todas las sedes, menos la de Bayona [capital de Lapurdi, territorio vasco bajo administración francesa (n. del t.)]. Selló las registradas, se llevó miles de documentos, incluida la contabilidad de todos los años; también realizó registros en los lugares de trabajo de otros tantos detenidos, como el semanario Argia y la revista Jakin, la emisora Herri Irratia, Plazagune y la asociación de ikastolak Partaidey se llevó ordenadores e ingente documentación.

El siguiente paso lo dio el 17 de octubre del mismo año: la Guardia Civil detuvo a nueve personas de diversas empresas del grupo Egunkaria SA y de otras tantas empresas relacionadas con Egunkaria, las incomunicó y las interrogó nuevamente ─esta vez sin torturas─ y otra vez registros, confiscación de múltiples ordenadores y de miles de documentos. Un mes y medio después, los Patrol de la Guardia Civil estaban de nuevo en la entrada del parque Martin Ugalde; por orden de del Olmo registraron otra vez, en presencia del juez, la que había sido sede de Egunkaria y nuevamente se llevaron una miríada de documentos. El objetivo era claro: obtener pruebas e indicios para demostrar lo que era la sospecha original, esto es, que Egunkaria y las empresas de su entorno recibían dinero de ETA o, si no, lo blanqueaban. Pero han ido pasando los años y no han encontrado ni el menor indicio de movimientos de una sola peseta o euro hacia ETA o procedente de ETA. En lugar de los indicios o pruebas que querían encontrar, los investigadores, en caso de haber encontrado algo, detectaron supuestas irregularidades que competen a la jurisdicción ordinaria y parecen cometidas por una empresa deficitaria que tiene problemas desde su origen para sobrevivir, problemas relacionados con Hacienda, subvenciones y contabilidad. Y para investigar todo eso el juez abrió un sumario separado, pero en el marco de la Audiencia Nacional, considerando que todas esas irregularidades ordinarias se cometieron en beneficio de ETA. Desde el otoño de 2003, por tanto, el caso Egunkaria ha tenido dos sumarios: el original, que investiga la relación con ETA, y el económico, que investiga las supuestas irregularidades económicas.

El fracaso de la investigación

Han pasado seis años y diez meses desde la clausura de Egunkaria y estamos como al principio. No tienen más que los viejos documentos de entre 1990 y 1993 y las interpretaciones que de ellos hacen los investigadores del SIGC, asumidas al pie de la letra por el juez del Olmo. Al no detectar el menor indicio de la supuesta relación entre ETA y Egunkaria, los investigadores empezaron con otro tipo de vínculos, a pesar de que para ello tuvieran que recurrir a los razonamientos más peregrinos y estupefacientes. Por ejemplo, que como para el proyecto de la izquierda abertzale dicen que ETA proponía recoger "aportaciones de capital de los seguidores del Movimiento del Liberación Nacional Vasco" y "como Egunkaria precisamente utiliza cuestación popular", se puede concluir que el diario en euskera se financió "con fondos de ETA, al menos en parte". O que, como dicen que no es creíble que Egunkaria obtuviera 591 millones de pesetas mediante aportaciones de pequeños accionistas en la campaña de creación y en la posterior ampliación de capital, esa vía recaudatoria puede ser "un procedimiento de ocultación del verdadero origen de ese dinero". O que, como Egunkaria tiene una perspectiva nacional del País Vasco, tiene "acuerdo total con la de ETA". O que, al crear el parque Martin Ugalde, Egunkaria persiguió los objetivos de ETA, ya que la organización armada propone "tejer una red para el apoyo al euskera" y el parque cultural "fue creado para agrupar a las empresas que trabajan por el euskera". O que uno de los 11 principios básicos de Egunkaria es el carácter militante y ETA también emplea el "concepto de militante" en sus estructuras. No son invenciones, esos y otros argumentos aparecen en numerosos autos que ha dictado el juez instructor durante estos años.

El fiscal da marcha atrás

Hasta diciembre de 2006, del Olmo y la Guardia Civil actuaron con el apoyo de la Fiscalía, pero el 14 de diciembre de ese año el fiscal de la Sala de lo Penal Ángel Carballo admitió en su escrito que la acusación no tenía pruebas: "no se ha encontrado ni un solo documento que refleje que Egunkaria haya sido un instrumento para el cumplimiento de los objetivos de ETA". Y, más adelante, "la pregunta es clara: si Egunkaria no es fuente de financiación ni instrumento de blanqueo del dinero procedente del terrorismo y si Egunkaria no apoya el terrorismo de ETA directa ni indirectamente, si no promueve ni legitima la violencia, ¿en qué ayuda o ayudó su actividad a los objetivos de ETA?" Y la conclusión: "como no se ha demostrado que Egunkaria financiara a ETA o fuera utilizado para blanquear su dinero, visto que ni Egunkaria ni los imputados han actuado en pro de los objetivos de la organización terrorista ETA; visto que los imputados no han legitimado las acciones terroristas […]; visto que los imputados no han prestado ningún tipo de colaboración concreta ni general, es injusto abrir juicio oral". "En consecuencia […], el fiscal es favorable al archivo provisional del caso." Dos años después, además, solicitó el archivo definitivo.

Y, no obstante, hay juicio

Por tanto, no había razón alguna para que hubiera juicio, ni desde el punto de vista de la defensa ni desde el de la acusación pública. Las acusaciones de la AVT y Dignidad y Justicia se quedaban solas y se han convertido en los únicos defensores de las tesis de la Guardia Civil.

Después del cambio de postura del fiscal, también había otra razón para que no se celebrara el juicio: el caso sólo tenía a la acusación popular. La defensa alegó que, de conformidad con los precedentes establecidos por la Audiencia Nacional, no se podía celebrar juicio oral sólo con la acusación popular, ya que eso mismo falló la Audiencia Nacional en, entre otros, el conocido caso Botín. Pero el tribunal, a la sazón formado por Manuel Fernández Prado, Nicolás Poveda y Ramón Sáez Valcárcel, resolvió en mayo de 2007 que hubiera juicio, en un breve auto de dos páginas. Y el 30 de julio de este año el mismo tribunal que juzgará el caso, formado por los magistrados Javier González Bermúdez, Manuela Fernández Prado y Ramón Sáez Valcárcel, ha ratificado la decisión.

En el banquillo de los acusados

El juicio comenzará el 15 de diciembre de 2009. Cinco hombres se sentarán en el banquillo de los acusados: Joan Mari Torrealdai, presidente del Consejo de Administración de Egunkaria, director de la revista Jakin y miembro numerario de la Real Academia de la Lengua Vasca; Iñaki Uria, consejero delegado de Egunkaria y director general de la cadena de televisión Hamaika; Txema Auzmendi, secretario del Consejo de Administración de Egunkaria, durante años colaborador de Herri Irratia y jesuita; Martxelo Otamendi, director de Egunkaria y, actualmente, de Berria [diario en euskera creado meses después de la clausura de Egunkaria (n. del t.)], y Xabier Oleaga, subdirector de redacción durante dos años de Egunkaria y asesor de comunicación de la Asociación de Ikastolak. Las acusaciones les imputan pertenencia a ETA y solicitan penas de catorce años de cárcel para cada uno.

Las otras cinco personas detenidas el 20 de febrero de 2003 han quedado fuera del caso. A Inma Gomila, Fermin Lazkano y al difunto Luis Goia ─murió en septiembre de 2006─ no les procesaron. A Xabier Alegría y Pello Zubiria les han tenido imputados durante más de seis años, pero el pasado julio el tribunal retiró las imputaciones contra ellos. A Alegría ya lo han juzgado con los mismos cargos en el sumario 18/98 y la acusación contra Zubiria, a su vez, ha prescrito. A tres de los cinco imputados que ahora juzgarán, Torrealdai, Uria y Auzmendi, los juzgarán de nuevo en el sumario económico. La AVT y Dignidad y Justicia solicitan penas de 26 años y cuatro meses de prisión y una multa de más de 32 millones de euros para cada uno. Junto a ellos juzgarán a Joxe Mari Sors, Ainhoa Albisu (para ambos solicitan las mismas penas), Mikel Sorozabal (21 años y nueve meses y 27 millones de euros de multa), Begoña Zubelzu (17 años y dos meses y 21 millones de multa) y Fernando Furundarena (13 años y tres meses y 21 millones de multa).

Imanol Murua Uria es periodista político

Fuente: SinPermiso