Viernes, 15 de diciembre de 2017|

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Félix García Moriyón. No es el ajuste, es el programa

Soliviantado anda el mundo educativo, de forma especial en la Comunidad de Madrid. De sobra son conocidas las causas que han lanzado al profesorado a una de las más fuertes movilizaciones que se recuerdan. Casi habría que remontarse a la gran huelga de 1988. La agitación empezó ya en julio con una caliente asamblea, algo inusual por ser el mes que el profesorado debe dedicar a la actualización en cursos de verano y al estudio o a la lectura, ya fuera de los centros (eso también forma parte de nuestro horario de trabajo, aunque algunos lo olvidan). Y volvió con mucha fuerza a finales de agosto con otra multitudinaria asamblea, desbordando con mucho a los sindicatos mayoritarios. De hecho, éstos van un poco a remolque de lo que plantean las asambleas algo informales de profesores. Ellos preferirían algo más tranquilo, como era su práctica habitual, pero se han visto obligados a secundar una huelga de tres días a la semana que se plantea con carácter indefinido, siendo la CGT el sindicato que primero solicitó la convocatoria oficial de esta huelga.

La gota que desbordó el vaso de la paciencia del profesorado fue, sin duda, el ERE encubierto realizado por el gobierno de la Comunidad: en torno a 2.000 (no hay gran acuerdo en la cifra, pero en nada afecta al planteamiento del conflicto el que sean mil más o menos) interinos se iban a la calle porque no se iban a renovar sus contratos en septiembre. Consecuencia inmediata: el horario lectivo del profesorado de secundaria aumentaba algo más del 10%, algo que ya se había hecho el curso anterior, aunque de manera menos generalizada y sin que afectara significativamente a la lista de interinos; además se reducía el número de grupos aumentando los alumnos por clase, se quitaban desdobles y otros servicios educativos.

«Ajustes imprescindibles, provocados por la crisis», dicen Esperanza Aguirre y Lucía Figar. «Ataque en toda regla al sistema público y a la calidad de la enseñanza», responden los sindicatos y movimientos asamblearios. Y también: incremento del paro, disminución del salario y aumento del horario laboral. Es decir, más paro y más trabajo por menos salario. Se atenta de ese modo contra dos reivindicaciones básicas de los trabajadores, que son absolutamente justas: un puesto de trabajo estable y menos trabajo por más salario. Ya lo decía con bastante razón Carlos Marx: en un sistema capitalista, hay algo peor que ser un trabajador explotado, ser un parado; nada hay más justo que la simple y contundente exigencia de pedir «menos trabajo y más salario». Pueden tener algo de razón Esperanza y Lucía, pues en afortunada frase de la primera, se ha acabado la juerga. Pero mucha más razón tienen los profesores, sobre todo porque se les excluye de la juerga justo cuando empezaban a saber lo que era, mientras que quienes estaban en la juerga desde mucho antes, parece que no están sufriendo en el mismo grado los ajustes. Las mujeres del sector del textil en Massachusetts, en una dura y famosa huelga realizada en 1912 (¡Qué poco cambian las cosas!) expresaron esta exigencia con un lema que se hizo famoso: "We want bread and roses too!" (¡Queremos pan, pero también queremos rosas!); y cantaban: «Acabemos con el esclavo y el haragán, no queremos que 10 trabajen duro mientras uno descansa: queremos participar en las glorias de la vida. ¡Pan y rosas! ¡Pan y rosas!». La clamorosa queja del profesorado no se dirige a la aceptación de los ajustes, sino al modo en que se imponen y a quienes se les impone.

Ahora bien, conviene darse cuenta del calado de este enfrentamiento. Esperanza Aguirre, con su fino olfato político y con su habitual desparpajo para defender a las claras su modelo social, económico y político, ha vuelto a acertar con una de sus frases (des)afortunadas: «Es una huelga política». Tiene toda la razón, pues no estamos hablando de unos ajustes imprescindibles en tiempos de vacas flacas, sino de aprovechar la crisis para llevar adelante su programa político de máximos, el programa que comparte todo el PP (y en parte también el PSOE), pero que sólo Esperanza Aguirre y algunos radicales en las tertulias de Telemadrid o Intereconomía defienden: la aplicación rigurosa de la propuesta política de los neoliberales puros. Estamos en medio de una profunda crisis en cuyo desencadenamiento bastante tienen que ver los neoliberales con los que se identifica nuestra Presidenta; y todo lo que se les ocurre es aplicar precisamente las mismas recetas que nos han conducido a donde estamos ahora.

Se trata de una estrategia a largo plazo, que comienza ya a principios de los setenta, incluso antes, como muestra el libro de Naomi Klein, "La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre", editado por Paidós en 2007, (del que hay una versión cinematográfica), estrategia que afecta a la manera de entender la sociedad. El fondo de la propuesta es relativamente sencillo: es imprescindible ir desmontando poco a poco la gestión pública del estado del bienestar. Esto significa que hay que pasar el mayor número de actividades presentes en el sector público a la empresa privada. Esa medida, según dicen ellos, no va a atentar contra los servicios públicos básicos, como la sanidad o la enseñanza, pero sí va poner su gestión en manos privadas. El adelgazamiento del sector público significa, utilizando una frase de Rosell, el presidente de la patronal en plena sintonía con Aguirre y sus seguidores (todo el PP), que no basta con disminuir el salario, sino que hay que deshacerse de muchos trabajadores públicos, para conseguir una administración pública con «mucho músculo y poca grasa».

Hace unos años Aguirre dio una definición muy clara del sector público, precisamente al hilo de sus propuestas para sanidad y educación: público es lo que le sale gratis al ciudadano. Si la Comunidad de Madrid subcontrata servicios educativos (enseñanza concertada), a ella le cuesto menos dinero (lo que le permite reducir impuestos) y al ciudadano le sale casi igual de gratis (siempre hay unos pequeños pagos añadidos, pero eso son variables insignificantes y las familias están bien dispuestas a pagar). Hace lo mismo en el sector genuinamente público, donde proliferan subcontratas encargadas de atención complementaria del alumnado. O simplemente concede reducciones fiscales a quienes paguen colegios privados y ofrece un cheque escolar a familias que tienen que llevar a sus hijos a escuelas infantiles. Son todas diversas fórmulas de algo que se llama «copago», pero que no se puede reconocer que lo sea, mucho menos llamar por su nombre más adecuado, es decir, «re-pago». Los ciudadanos, que ya han pagado sus impuestos, deben pagar un plus para acceder a lo que son los servicios básicos que el Estado debiera garantizar a todos los ciudadanos.

No le falta razón a Arenas cuando dice que no van a tocar los servicios sociales básicos, educación y sanidad en primer lugar. Lo que no dice es que los van a ir trasvasando al sector privado con diversas fórmulas que demuestran su creatividad administrativa. Lo que tampoco dice es que el sector privado, como ellos mismos defienden, se rige sobre todo por la lógica del beneficio económico, lo que encaja mal con los criterios que deben regir los servicios públicos. Lo que también oculta es que esa lógica tiende a incrementar las desigualdades sociales y a convertir en agua de borrajas la solidaridad social y, recordemos, son tres los pilares de la democracia: libertad, igualdad y solidaridad, no solamente uno, la libertad, por muy importante que ésta sea. El hecho es que al final, el Estado y sus organismos se van reduciendo hasta llegar al Estado mínimo, sueño de cualquier neoliberal (como los del Tea Party). Quizá lo público se quede en gestionar la policía (aunque se puede subcontratar la seguridad a empresas privadas), la justicia (susceptible también de ser privatizada, suprimiendo, por ejemplo, los abogados de oficio) y el ejército (que queda fuera de las competencias de las comunidades autónomas). Y desde luego su Telemadrid, una televisión absolutamente partidista y sectaria, no se privatiza por muchas pérdidas que dé.

Por si quedara alguna duda del programa político, al mismo tiempo que hace una liposucción radical en la escuela pública (suprime «grasa» sobrante, los interinos y congela la contratación de trabajadores públicos, aplazando oposiciones y disminuyendo el número de plazas ofertadas), incrementa los apoyos al sector privado educativo por los mecanismos que antes mencionaba: conciertos, deducciones fiscales, cheques escolares, cesión de terrenos... No es de extrañar que el sector público de la educación vaya poco a poco disminuyendo en la Comunidad de Madrid, mientras que lentamente crece el sector privado, sea concertado o puramente privado. No alarmarse del todo: conviene dejar centros de estricta titularidad pública; unos para poder atender a las clases más desfavorecidas, otros para mostrar que la generosa administración también crea plazas de excelencia. Basta constatar la muy desigual distribución del alumnado inmigrante o del que tiene necesidades educativas especiales entre la escuela privada y la pública. De lo que se trata es de apostar por una pura opción subsidiaria y asistencial, cambiando la exigencia de justicia social por la magnificencia benefactora del Estado o de fundaciones en las que los ricos invierten, entre otras cosas para eludir el pago de impuestos. Otros casos son puras maniobras de propaganda política, como los centros bilingües o el instituto de excelencia.

Si nos centramos en la educación, el programa neoliberal se radicaliza y una vez más Esperanza Aguirre se va de la lengua: no conviene que todos los niveles del sistema educativo sean gratuitos. Sólo la educación básica obligatoria. Faltaba más. Ya dijo algo parecido hace años: los inmigrantes no vienen a estudiar, por lo que no tenemos que garantizarles ninguna plaza educativa. En las páginas de la revista "Escuela" ya publiqué un artículo sobre el tema titulado "De José María Pemán a Esperanza Aguirre". Rectificó entonces, pero con la boca pequeña; y ahora lo recuerda señalando que la gratuidad (incluyendo el original copago educativo) se acaba a los 16 años. Con eso basta para la mayoría que, carentes de cualificación, tendrán que aceptar los innumerables trabajos poco cualificados y peor pagados que abundan en la sociedad actual.

Pues eso. Estamos ante una huelga política en el sentido más radical y genuino de la palabra. Esperanza Aguirre, y los que la han seguido en Castilla La Mancha y Galicia, ponen en marcha su programa radical, aprovechando la excusa de la recesión, que sin duda sus propuestas económicas contribuyeron a crear. Si no les frenamos ahora, podemos imaginar lo que ocurrirá en toda España cuando, como parece previsible, el PP gane las elecciones.

Félix García Moriyón. Dibujo cortesía de Azagra