Sábado, 19 de agosto de 2017|

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Félix García Moriyón. Un nuevo orden mundial

Mucho llevamos hablado ya de la crisis que no cesa y que no parece que vaya a remitir en un plazo breve. La mayor parte de los análisis se centran, como no podía ser menos, en la dimensión de piratería financiera que esta crisis ha tenido, con los bancos y los fondos de inversión, junto con las constructoras y los gobiernos cómplices, como protagonistas principales de una exhibición de apropiación indebida, esto es, de robo de la riqueza de la mayoría por parte de una élite con mucha codicia y pocos escrúpulos. Ahora bien, quizá haya que ampliar un poco más el marco de referencia para entender lo que ocurre.

También se ha hablado mucho, y con razón, del lugar que esta crisis ocupa en una estrategia a largo plazo desarrollada por los grupos de presión partidarios de un liberalismo económico radical, llamado en la actualidad neoliberalismo. El ataque comenzó ya hace casi cuarenta años (¿Recuerdan a Friedman, Thatcher y Reagan?), en torno a la primera crisis del petróleo de 1973, y no ha cesado desde entonces. El objetivo es claro: desmontar el gran pacto social que condujo al Estado social de derecho o Estado del bienestar, reduciendo los servicios públicos a su mínima función asistencial. Van por buen camino y parece que la batalla la tienen casi ganada. Al menos por el momento, pues la historia nunca está definitivamente terminada y el guión siempre puede cambiar gracias a la acción colectiva de los seres humanos. Ahora bien, quizá haya que ampliar un poco más el marco de referencia para entender lo que ocurre.

En línea con lo anterior, hay un cierto consenso, al menos entre los economistas críticos que no militan en la órbita de ese neo-liberalismo radical, sobre la dudosa eficacia de las políticas desarrolladas para hacer frente al problema. La obsesión por el control del déficit, del que la reciente propuesta de un cambio en nuestra Constitución es un episodio más, pone de manifiesto que esa es la agenda oculta de toda esta crisis: aprovechar la ocasión para dar la puntilla al modelo keynesiano en el que se basaba el pacto social anterior y proponer como panacea el adelgazamiento casi anoréxico del Estado. Hasta los portavoces de ese neoliberalismo admiten ya que el problema no está en el control del gasto, sino en el débil crecimiento, por lo que, como ya decían los Krugman o Stiglitz, por citar a los más conocidos, toda esta política va a alargar la crisis y va a provocar lo que ya provocó en los años noventa cuando se aplicó en muchos países del mundo dependiente: una década perdida. Ahora bien, quizá haya que ampliar un poco más el marco de referencia para entender lo que ocurre.

Pues de esa ampliación del marco es de lo que quiero hablar ahora. En una noticia publicada hoy mismo por La Vanguardia podemos leer que «el FMI precisa que en total las economías avanzadas crecerán un 1,8 % en 2011 y un 2,2 % en 2012, lo que supone un reducción de 0,4 puntos porcentuales en ambos casos, mientras que para el bloque de países emergentes y en desarrollo, las previsiones de crecimiento se mantienen en un 6,6 y un 6,4 % para 2011 y 2012, respectivamente». Según la ortodoxia macroeconómica, crecer menos del 2,5% significa no crear empleo y aumentar las tasas de paro. Ese parece ser el destino para los países de economías “avanzadas” este año, y ya es el cuarto: 2008, 2009, 2010 y 2011. Y seguirá en el 2012.

No ocurre lo mismo, ni mucho menos, con los países emergentes y “en desarrollo” (siguen utilizando un concepto, países en desarrollo, que ya fue duramente criticado en su día). En estos países el crecimiento es fuerte y sostenido. Este dato —sin olvidar que la situación es todavía muy inestable y puede cambiar en unos meses— parece indicarnos que en esta ocasión las vacas flacas no están afectando a todos por igual, y me refiero a los países, no a las personas individuales o grupos sociales concretos.

Si tomamos el ejemplo de los tres grandes países emergentes, China (1.300 millones de habitantes), Brasil (195 millones) y la India (1.200 millones), su crecimiento es importante y en cifras absolutas se han sumado ya al pelotón de cabeza de los países más ricos del planeta. Entre los tres suman cerca del 40% de la población mundial. China es ya la segunda potencia económica y tiene clara voluntad de convertirse en la primera, con un proyecto que se extiende a todo el mundo, ya se trate de países con economía avanzada o países en desarrollo (por mantener el vocabulario del FMI).

Se está produciendo algo que ya preveían los economistas críticos de los años 70, fechas en las que, según mi cronología aproximada, se inició la batalla dura de los neoliberales contra el modelo del Estado social. Decían estos economistas (Samir Amin, Gunder Frank, Hossa Jaffe), que una posibilidad real consistía en el crecimiento de los países que ellos llamaban “dependientes” (un término sin duda más acertado que el despectivo “subdesarrollados” o el políticamente correcto “países en vías de desarrollo”). Ahora bien, dicho crecimiento conducía sin duda a un reparto diferente de la riqueza mundial. Es decir, la mejora de las condiciones materiales de existencia de los países “dependientes” provocaría un deterioro de esas mismas condiciones en los países ricos, o imperialistas por usar también su vocabulario.

Algo de eso está ocurriendo, sin duda: una dura batalla por reestructurar profundamente el reparto de la riqueza. Eso sí, como todo eso se hace dentro del marco de un duro capitalismo financiero, basado en un consumo desmedido, las élites globalizadas de todos los países, dependientes e imperialistas, emergentes o de economía avanzada, desde sus posiciones de poder, se esfuerzan por garantizar que ellas no salen perjudicadas en la reestructuración. Por eso, mientras se están disminuyendo las desigualdades en el PBI de los países (lo que implica un nuevo orden mundial), se están incrementando fuertemente las desigualdades entre las poblaciones de cada país y del mundo en general (lo que implica que todo está cambiando, para que todo siga igual). Es decir, la crisis la pagan los de abajo y beneficia a los de arriba. Dura ley de hierro de un modelo de relaciones sociales y económicas intrínsecamente injusto.

Félix García Moriyón.