Sábado, 27 de mayo de 2017|

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Informe sobre derechos humanos en Argelia

El informe anual de Human Rights Watch sobre la situación de los derechos humanos en Argelia acaba de ser pùblicado en enero de 2014.

Reproducimos el informe traducido al castellano. Denunciamos especialmente las trabas al sindicalismo autónomo, al negar la administración el resguardo de la entrega de la documentación de constitución de los sindicatos, como por ejemplo, el SESS (enseñanza universitaria).

INFORME de Human Rights Watch sobre la situación de los derechos humanos en Argelia. Enero 2014.

A pesar de la supresión del estado de excepción en abril de 2011 y la adopción de nuevas leyes sobre la libertad de asociación y los medios de comunicación, así como sobre los partidos políticos, Argelia ha hecho pocos avances en la protección de los derechos humanos. Las autoridades han continuado restringiendo la libertad de reunión y de asociación, prohibiendo reuniones y manifestaciones. Han reprimido los derechos sindicales, habiendo recurrido con frecuencia a arrestos y procesamientos contra dirigentes y militantes sindicales.

Las fuerzas de seguridad y grupos armados continúan impunes por las atrocidades cometidas durante la guerra civil de la década de 1990. Militantes armados han realizado un número importante de atentados contra representantes del gobierno, de miembros de las fuerzas de seguridad y civiles, que culminaron con el ataque contra la planta de gas de In Amenas. Tras el levantamiento del estado de excepción en 2011, las autoridades han adoptado una nueva legislación que autoriza la práctica establecida desde hace tiempo de detención de presuntos terroristas en residencias secretas asignadas por períodos que van hasta nueve meses.

Libertad de reunión

Las autoridades argelinas continúan restringiendo la libertad de reunión, basándose en técnicas preventivas, sobre todo con el bloqueo de acceso a los sitios de las manifestaciones previstas y deteniendo a los organizadores antes de la manifestación para impedir que éstas se lleven a cabo antes de que comiencen

En las manifestaciones pacíficas en el sur del país, organizadas por las asociaciones de desempleados, la policía detuvo a manifestantes. Los tribunales más tarde condenaron a varios de ellos al pago de multas o a penas de prisión con libertad condicional.. La policía arrestó a Taher Belabes, Coordinador de la Comisión Nacional para la defensa de los derechos de los desempleados, en la ciudad meridional de Ouargla, el 2 de enero después de que la policía hubiera dispersado a los manifestantes pacíficos que reclamaban trabajo y la limpieza de los funcionarios locales por no haber luchado contra el desempleo. Los fiscales han acusado a Belabes de "obstrucción al tráfico" y de" incitar a una manifestación" y le han condenado el 3 de febrero a un mes de prisión y a una multa de 50.000 dinares argelinos (unos 500 euros).

Libertad de asociación

El 20 de febrero de 2013, la policía arrestó y expulsó a los 10 miembros no-argelinos de asociaciones de desempleados de otros países del Magreb que habían venido a Argel para asistir al primer Foro del norte de África para la lucha contra el desempleo y la precariedad en el trabajo que iba a celebrarse los días 20 y 21 de febrero en el centro de los sindicatos en el distrito de Bab Ezzouar. Funcionarios les han llevado detenidos a la comisaría de policía de Bab Ezzouar, antes de conducirlos al aeropuerto, donde fueron expulsados cinco tunecinos y tres mauritanos ese mismo día, y dos marroquíes al día siguiente.

Libertad de expresión

El estado gestiona todas las emisoras de televisión y radio, y cuando se trata de cuestiones clave, como la seguridad y la política exterior y económica, difunden el mensaje oficial y no toleran ningún comentario disidente o reportajes críticos.

La ley de enero de 2012 sobre información ha eliminado las penas de prisión pero ha incrementado las multas para los periodistas que cometan delitos de expresión. Estos delitos incluyen la difamación o el desprecio por el presidente, las instituciones del estado y los tribunales. La ley ha también ampliado las restricciones impuestas a los periodistas obligándolos a respetar conceptos formulados en términos vagos, como la unidad y la identidad nacional, el orden público y los intereses económicos nacionales.

Otros delitos de expresión impregnan todavía el código penal, que prevé hasta tres años de prisión por folletos, boletines informativos o folletos "que causen daño a los intereses nacionales" y hasta un año por difamación o calumnia contra el presidente de la República, el del Parlamento, el ejército o las instituciones públicas. Los fiscales llevan a los periodistas y editores independientes ante los tribunales por difamación o insulto a los funcionarios y los tribunales de primera instancia a veces los condenan a prisión y a pagar fuertes multas, por lo que los tribunales de apelación acaban por anular o convertir las sentencias en libertad condicional las sanciones impuestas por los tribunales inferiores.

El 19 de mayo, la Fiscalía de Argel ha acusado a Hisham Abboud, Director y propietario del periódico privado Jaridati y su edición francesa Mon Journal, de comprometer la seguridad del estado por publicar un artículo sobre la salud del Presidente Abdelaziz Bouteflika. El Ministerio de telecomunicaciones había prohibido a los dos periódicos publicar un informe en primera página sobre el deterioro de la salud del Presidente, en base a fuentes médicas francesas y fuentes cercanas a Bouteflika..

Acoso judicial

En 2013, las autoridades han inculpado a varios activistas de los derechos humanos y dirigentes sindicales Unión de delitos relacionados con el ejercicio pacífico de su derecho a reunirse y expresar su apoyo a huelgas y manifestaciones. El 6 de mayo un tribunal ha condenado a Abdelkader Kherba, miembro del Comité Nacional para la defensa de los derechos de los desempleados (CNDDC) a dos meses de prisión y una multa de 20.000 dinares (200 euros) por haber distribuido octavillas sobre el paro nacional.

Derechos de los sindicatos

Las autoridades argelinas en 2013 han actuado cada vez más contra los esfuerzos de os trabajadores por formar sindicatos autónomos y organizar y participar en manifestaciones y huelgas pacíficas. Las autoridades han bloqueado manifestaciones sindicales, detenido arbitrariamente sindicalistas y emprendido acciones judiciales contra algunos de ellos con acusaciones de delito, mientras que el verdadero motivo de estas acusaciones puede haber sido el castigo por actividades sindicales.

Las autoridades argelinas participan en maniobras administrativas para negar la personalidad jurídica a los sindicatos independientes. La ley sobre la legalización de nuevos sindicatos sólo requiere que estos grupos informen a las autoridades que existen, y no les pide el permiso para constituirse. Pero las autoridades se niegan a veces a emitir un resguardo que pruebe que han sido notificados.

El Sindicato de Enseñanza Superior (universitaria) Solidarios, por ejemplo, presentó su documentación el 19 de enero de 2012. No ha conseguido ningún recibo en el momento y no ha recibido aún la respuesta del gobierno, lo que significa que no puede trabajar legalmente.

Lucha contra la impunidad por crímenes pasados

La ley de 2006 sobre la paz y la reconciliación nacional ha proporcionado un marco legal para la impunidad de los autores de atrocidades durante la guerra civil. La ley también tipifica como delito el hecho de denigrar a las instituciones del estado o a las fuerzas de seguridad por la forma en que se comportaron durante el conflicto político, penalizando potencialmente a las personas que afirmen que las fuerzas de seguridad han cometido violaciones de los derechos humanos. Las Asociaciones de desaparecidos, que siguen llamando por la verdad y la justicia, son objeto de acoso.

Terrorismo y contraterrorismo

El 16 de enero de 2013, militantes vinculados a Al-Qaeda y afiliados a una brigada encabezada por un hombre con el nombre de Mokhtar Belmokhtar tomó a más de 800 personas como rehenes en el complejo gasero de Tigantourine en In Amenas, cerca de la frontera con Libia. Fuerzas especiales argelinas atacaron el sitio para liberar a los rehenes. Al final del episodio, al menos 37 rehenes extranjeros y 29 miembros del grupo armado murieron.

Argelia ha reforzado su papel como actor regional en la lucha contra el terrorismo y ha continuado participando en el foro mundial contra el terrorismo, un grupo multilateral que los Estados Unidos han creado para extender las discusiones sobre la lucha contra el terrorismo más allá de los países industrializados occidentales

Principales actores internacionales

La Unión Europea, que tiene un "acuerdo de asociación" con Argelia, accedió a proporcionar a Argelia una ayuda de 172 millones de euros (US$ 234 millones) entre 2011 y 2013. En julio de 2013, el gobierno ha solicitado una candidatura al Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas para el período comprendido entre 2014 y 2016. Sin embargo, a pesar de los compromisos adquiridos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Navi Pillay, durante su visita a Argelia en septiembre de 2012, el gobierno continúa oponiéndose a la visita del Relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros castigos o tratamientos inhumanos o degradantes, de grupos de trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias y sobre la detención arbitraria, así como el Relator Especial sobre ejecuciones sumarias, arbitrarias o extrajudiciales.

Durante el último examen periódico universal de Argelia en 2012, el Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas ha recomendado la liberación de presos detenidos únicamente por haber ejercido la libertad de expresión, la eliminación de barreras a la libertad de reunión y expresión y la ratificación de varios tratados internacionales, incluyendo el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, hasta el presente, las autoridades argelinas no han cumplido ninguna de estas recomendaciones. El 12 de noviembre de 2013, la Asamblea General de la ONU ha elegido a Argelia como miembro del Consejo de derechos humanos.

Equipo de trabajo para el norte de África de la S. de RR. II. de la CGT