Tomás F. Ruiz
Tengo la costumbre de revisar cada nuevo año todos los asuntos pendientes que tengo: descarto aquellos que quedaron obsoletos o activo aquellos otros que aún están vigentes. De esta forma, reparo en un caso de apelación que presenté ante el Tribunal Constitucional hace diez años (2014) y del que no recibí ni tan siquiera contestación por parte de sus ilustrísimos magistrados.
La apelación se refería a un juicio celebrado en el juzgado de Lo Penal 2 de Cuenca, en el que se absolvió al sicario que me atacó mientras ejercía mis funciones de periodista en un caso de corrupción turística en el que había implicados funcionarios de la Administración local y regional. En el procedimiento penal que siguió al ataque se infringió repetidamente el conocido judicialmente como “debido proceso”. La jueza que actuó (Ilma. María Sonsoles Jimeno Gutiérrez) lo hizo de una forma parcial, cometiendo graves defectos de forma y desestimando todas las evidencias que probaban que un periodista en funciones había sido atacado por un sicario con el objetivo de intimidarlo e impedir su trabajo. Desde el principio me quedó claro que el proceso tenía como objetivo principal reducir la responsabilidad criminal del agresor que me había atacado.
Cuando llegó la fecha de la vista oral y para evitar que los medios locales informaran del hecho, la jueza celebró el juicio a puerta cerrada y el sicario fue absuelto. Solicité la anulación del juicio por los defectos de forma que presentaba. Cuando este quebrantamiento del proceso debido fue puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, lo justificaron sin tomar ninguna medida disciplinaria al respecto. Mis peticiones para cursar una orden de alejamiento fueron rechazadas, lo que suponía que mi agresor gozaba de absoluta impunidad para repetir su ataque en cualquier momento. Mi situación de absoluta indefensión me impidió continuar con mi trabajo como informador y tuve que abandonar Cuenca para no sufrir nuevos ataques. Apelé a instancias superiores, solicitando la anulación del juicio por los defectos de forma que presentaba, pero la Audiencia Provincial de Cuenca dio por buena la sentencia de la jueza María Sonsoles Jimeno y confirmó la impunidad de mi agresor. Su confirmación de la sentencia era una invitación a que el sicario repitiera de nuevo su hazaña.
Ya sólo me quedaba el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, un organismo que tiene como función primordial defender al ciudadano de los abusos e injusticias que sufra por parte de cualquier institución del Estado. Este recurso de amparo se basaba en las infracciones cometidas por la Administración de Justicia de Cuenca y se presentó a mediados del 2014 en el buzón del Tribunal Constitucional. Entre otros argumentos, se denunciaba que la celebración a puerta cerrada de la vista oral violaba el artículo 24 de la Constitución española, punto 2, donde se reconoce el derecho de cualquier ciudadano a un juicio público, derecho que la Administración de Justicia de Cuenca me negó premeditadamente. El Tribunal Constitucional, a pesar de las irrefutables evidencias de violación de los derechos constitucionales que le fueron presentadas, lleva diez años sin aceptar mi recurso de amparo.
Hice público todo este vergonzoso caso judicial que había vivido en Cuenca a través de varios medios y comencé a recibir amenazas de muerte advirtiéndome que guardara silencio (anteriormente ya había recibido amenazas desde un despacho de la Subdelegación del Gobierno de Cuenca). Las tres denuncias que presenté por estas amenazas fueron archivadas. Durante un tiempo me mantuve en paradero desconocido; más tarde, tuve que abandonar España para evitar futuros atentados.
Hoy, 6 de enero de 2025, constato una vez más que el Tribunal Constitucional se ha pasado mi recurso de amparo por salvas sea la parte. Su prolongado silencio deja bien claro de que parte están sus magistrados en el caso de un periodista al que, con una manifiesta complicidad judicial, se le vulneraron sus derechos constitucionales y se le coaccionó con la participación de un sicario para que mantuviera la boca cerrada. E pur si mouve.
Tomás F. Ruiz es autor del libro “Justicia española, la ramera mayor del Reino”.
