La Junta dilata la retirada de símbolos franquistas
En una estrategia que dará un paso más con la derogación de la Ley de Memoria que fraguan PP y la ultraderecha
La Junta de Andalucía ha tardado tres años en enviar al Defensor del Pueblo Andaluz la información que le solicitó sobre la existencia de símbolos franquistas en los centros educativos andaluces y los pasos que se habían dado para retirarlos. En el caso de los colegios, fundamentalmente se trata de centros que arrastran nombres de personas vinculadas a la dictadura franquista. El Defensor lamenta, tras cerrar la queja que abrió de oficio, las vueltas que ha dado la Junta para, finalmente, responder sin tener un informe detallado al respecto. Esta petición centrada en los centros educativos forma parte de las actuaciones puestas en marcha para analizar si se está cumpliendo con la retirada de estos símbolos, que siguen en el callejero y aún en edificios públicos, como los centros educativos.
Esta demora se enmarca en la estrategia de dejar languidecer el cumplimiento de la Ley de Memoria, mientras ya se prepara su derogación por parte del PP y la ultraderecha
Según la información del Defensor del Pueblo Andaluz, la Junta se ha ido escudando en que no estaba nombrado el comité técnico de expertos que, según lo previsto en la Ley de Memoria de Andalucía debe estudiar la simbología. En 2023, el Comisionado de Concordia trasladó a la Defensoría que esse comité estaría nombrado a principios del último cuatrimestre del año. Una vez que se constituyera, se procedería a evaluar la cuestión planteada en el expediente del Defensor, «junto a otras posibles vulneraciones de la normativa vigente en materia de memoria democrática». Una vez recibido ese informe, explicaba la Comisionada, se procedería a notificar el contenido del mismo a los centros docentes que pudieran verse afectados y se le daría conocimiento al Defensor.
Las previsiones no se cumplieron. Fue en mayo de 2024 cuando se constituyó ese comité y tuvo su primera reunión. Así se lo trasladó la Consejería de Cultura -que tiene las competencias de Memoria desde que el PP llegó al Gobierno andaluz- en octubre de 2024. Según exponía en esa comuniccación, en la reunión que había celebrado ese comité meses antes (mayo), «los miembros designados expusieron la necesidad de hacer un trabajo previo de análisis de la situación actual que incluya, entre otros aspectos, la elaboración de un catálogo de los elementos que pudieran ser contrarios a la memoria democrática de Andalucía, una relación de la normativa aplicable en esta materia de la que puedan extraerse unas pautas para la emisión de los dictámenes del Comité y el estudio de la posición de la ciudadanía andaluza en relación con la existencia de esta simbología y la necesidad de su retirada. En esta misma reunión se acordó volver a convocar al mismo antes de finalizar el año para poner en común los avances realizados en estos trabajos previos a la determinación de las pautas de actuación del citado Comité. Actualmente estamos realizando las gestiones necesarias para poder cerrar la fecha de esta reunión».
Ante la falta de noticias, en julio de 2025 el Defensor instó a la Junta a que reuniera con carácter urgente al comité, para que abordara este trabajo, añadiendo que, si ya se había producido esa puesta en común, se le informara de las medidas acordadas. En enero de este año, el Comisionado para la Concordia se aceptó la recomendación. No obstante, la institución que preside Jesús Maeztu instó a la Junta a que le mantuviera informada de la evaluación que hiciera el comité técnico.
El Defensor del Pueblo Andaluz no oculta su decepción tras ser informado de que, tres años después de cursar la petición de información, no se ha concluido la evaluación solicitada
En mayo de este año ha llegado la respuesta: «Informamos que para que el Comité Técnico pueda contar con la información suficiente para la emisión de dicho dictamen, desde el Comisionado para la Concordia se está recabando la ampliación del contenido de su solicitud, añadiendo a la misma las razones fundadas por las que se considere que dichas denominaciones pudieran ser contrarias a la memoria democrática de Andalucía. Del mismo modo, en el caso de que los centros educativos lleven nombre de persona, se está estudiando información sobre la biografía de dicha persona, para conocer si la misma tuvo alguna vinculación con el mundo educativo que pudiera haber motivado la denominación del centro educativo con su nombre».
El Defensor del Pueblo Andaluz no oculta su decepción. «Tras un detenido estudio de dicha información, entendemos que este trabajo previo por parte de la Comisionada para la Concordia podía ya haberse realizado a lo largo del año 2023 y estar ya concluido, y no dejar transcurrir estos tres años a que se constituyera el Comité Técnico».
Aunque da por agotada la tramitación del expediente incoado en 2022, avisa a la Junta que, en el plazo de tres meses, hará un seguimiento del cumplimiento de las medidas acordadas.
La manera en la que la Junta de Andalucía ha manejado este asunto refleja una de las principales quejas del movimiento memorialista andaluz. Aunque ya en 2019, el primer pacto con Vox, que permitió a Juan Manuel Moreno llegar a la Presidencia del Gobierno andaluz, incluía la derogación de la Ley de Memoria y su cambio por una Ley de Concordia, el PP no lo cumplió. Pero tampoco le hizo falta porque, en la práctica, ha retrasado el cumplimiento de la ley. La ha dejado congelada, salvo en las exhumaciones. Aquí se limita a autorizarlas -según le corresponde por ley-, aportar los fondos que previamente le han llegado vía Gobierno de España y auspiciar las identificaciones -una tarea que hace el Laboratorio de Identificación Genética de la UGR. En estos momentos hay un gran retraso en las identificaciones.
Tampoco los ayuntamientos se están caracterizando por avanzar en dar cumplimiento a la ley. En la capital, los pasos que se dieron, aunque insuficientes, con el PSOE en la Alcaldía, están guardados en un cajón por el PP. En ciudades como Motril, también con el PP en la Alcaldía, costó retirarle la Medalla de la ciudad a Franco.
No se retiran símbolos franquistas y tampoco se avanza en la declaración de lugares de memoria, que siguen estancados.
Además, en esta nueva legislatura se materializará la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. De nuevo, el pacto con Vox, que esta vez sí ha incorporado a la ultraderecha al Gobierno andaluz, así lo establece. Ese acuerdo incluye esta derogación entre las medidas a las que da prioridad, fijando el horizonte para hacerlo antes de que finalice el año.
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