El Ayuntamiento de Santa Cruz llevará ante la Justicia, antes de que finalice noviembre, la orden del Ministerio de Memoria Democrática que obliga al Consistorio a retirar, como máximo en febrero de 2027, el monumento a La Victoria, conocido como monumento a Franco, de su enclave en la avenida de Anaga de la capital. Ademas, pedirá medidas cautelares con el objetivo de paralizar cualquier actuación hasta que la Justicia se pronuncie. “Voy a pedir que se suspenda el dictamen del Estado, porque si quito la obra sin que se hayan pronunciado los tribunales, y se rompe o se cae, sería un daño irreparable”.

El alcalde apuntó que “sé que es un monumento vinculado a la victoria de Franco y a la conmemoración de los 25 años de paz. Es algo que está documentado. Pero creo que hay argumentos jurídicos para defender su protección. A algunos les parecerá que esta defensa me sitúa en la ultraderecha y a otros, que como es un vestigio franquista, significa estar en la ultraizquierda. Me da igual. Mi objetivo es proteger el patrimonio del municipio y cumplir la ley tal y como está escrita, no como ideológicamente algunos quieren que se aplique. Estoy convencido de que tengo argumentos jurídicos para defender nuestra posición”.

Fijación estatal

Respecto a si considera que existe una fijación concreta con Santa Cruz por parte del Ministerio que dirige Víctor Ángel Torres en base a ordenar la retirada del monumento a Franco, Bermúdez apuntó que “es un poco extraño que solamente el Estado se centre en este vestigio franquista de todos los que aún hay en Canarias. Además, me llama la atención que anteriores gobiernos socialistas, tanto en este Ayuntamiento como en otras administraciones, no actuaran en años contra el monumento. Ahora, en cambio, sí existe una orden específica contra la obra. También me sorprendió que el Gobierno canario, al frente de Torres, aprobara en su día un catálogo de vestigios solo para Santa Cruz de Tenerife, aunque luego los tribunales lo anularan. No sé cuál es el motivo, pero creo que es legítimo preguntarse por qué se ha actuado así. En cualquier caso, serán los tribunales los que decidan”.

En cuanto a las críticas de que el Consistorio capitalino destine recursos públicos a costear un procedimiento judicial para salvar el monumento a Franco, Bermúdez se mostró tajante. “Esto es una falacia de Izquierda Unida, porque no estoy destinando el dinero de los contribuyentes a la defensa del monumento, sino a la del patrimonio municipal”.